El cine español lleva 70 años sin encontrar el final feliz al problema de la vivienda de Mari Carmen

El 23 de septiembre, la policía ejecutó el desahucio de Maricarmen Abascal, 87 años, 70 viviendo en el mismo piso del Retiro. El sábado siguiente, entre veinticinco mil y trescientas mil personas —las cifras dependen de quién las cuente y qué quiera hacer con ellas— marcharon por Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más». El Gobierno aprobó de urgencia un decreto de medidas de vivienda. El pasado viernes 2 de octubre, el Congreso lo derogó. Los acampados en Sol dicen que no se van. Esta historia, en sus variantes y con distintos personajes, lleva setenta años haciéndose en España. El cine lo sabe porque lleva setenta años filmándola.

La crítica que el franquismo tuvo que censurar

En 1957, José Antonio Nieves Conde rodó El inquilino con Fernando Fernán-Gómez en el papel de un padre de familia al que van derribando el edificio donde vive para levantar en su lugar pisos más caros. La censura franquista la prohibió, la dejó circular durante dos años con el diálogo alterado y el final cambiado, y durante décadas se creyó que la versión sin cortes había desaparecido. Una copia sin mutilar apareció décadas después en un archivo y la Filmoteca Española la restauró. El régimen que construyó el modelo inmobiliario especulativo español intentó borrar la película que lo criticaba y fracasó. Es posible que no exista en la historia del cine español un símbolo más preciso de lo que significa el problema de la vivienda en este país.

Un año después, Marco Ferreri —al que la administración franquista obligó a compartir crédito con un codirector español para poder estrenar— adaptó junto a Rafael Azcona una historia más oscura y más cómica: El pisito (1958). José Luis López Vázquez interpreta a un hombre que lleva doce años sin poder casarse con su novia porque no tienen piso. La solución que encuentran es una que el humor negro convierte en aceptable durante hora y media y que la lógica moral convierte en monstruosa en cuanto se la mira de frente: el protagonista se casa con la anciana propietaria del piso de alquiler para heredar el contrato cuando ella muera. La película fue un fracaso cuando se estrenó. Con el tiempo se convirtió en un clásico, que es exactamente lo que le ocurre a las obras que diagnostican algo que su época no quiere reconocer. Lo que Ferreri y Azcona describían como farsa en el Madrid de posguerra —la vivienda como herencia que hay que esperar, como privilegio que no se puede comprar sino solo aguardar— no ha dejado de ser una descripción funcional de lo que sigue pasando.

Del milagro económico al espejo roto

La España que entró en el siglo XXI lo hizo convencida de que el ladrillo era la solución y de que cualquier familia con un sueldo decente podía endeudarse a cuarenta años y llamar a eso un activo. El habitante incierto (2004), el debut de Guillem Morales, no es exactamente una película sobre la vivienda —es un thriller psicológico sobre un arquitecto separado, Félix, al que un extraño entra en casa y nunca parece del todo irse— pero funciona como la metáfora perfecta del período: el hombre que construye los espacios donde viven otros descubre que el suyo propio puede ser invadido, que la propiedad no garantiza la seguridad, que el hogar es un territorio que hay que defender porque no es inexpugnable. Andoni Gracia y Francesc Garrido construyen una película sobre el miedo a perder el espacio propio en los años en que ese miedo era tabú porque el precio de todo subía y nadie quería arruinar la fiesta nombrando lo que pasaría cuando terminara.

Lo que pasó cuando terminó lo documenta Cinco metros cuadrados (2011), de Max Lemcke. Fernando Tejero y Malena Alterio son Álex y Virginia, una pareja que invierte todos sus ahorros en un piso sobre plano, firma una hipoteca a cuarenta años, espera la entrega y ve cómo la obra se detiene sin explicación ni recurso. La burbuja no era una metáfora: era una estafa específica cometida sobre personas específicas que se habían limitado a hacer lo que el país les había dicho que hicieran. La película lo narra con la precisión de una denuncia y el ritmo de una comedia que no tiene gracia porque la situación tampoco la tiene. La película ganó el premio en el Festival de Málaga de ese año, lo cual dice algo sobre quiénes componían el jurado y en qué momento colectivo se encontraban.

Los cuerpos que el mercado no ve

A partir de 2015 el cine español empieza a poner caras distintas sobre el mismo problema. Ya no es solo la pareja que no puede comprarse el piso: es la madre sola que no puede pagar el alquiler. Juan Miguel del Castillo debuta con Techo y comida (2015), donde Natalia de Molina —Premio a la Mejor Actriz en Málaga— interpreta a Rocío, una mujer que vive la precariedad con vergüenza, en silencio, sin el apoyo de nadie que la vea. Del Castillo dijo que quería mostrar lo que ocurre dentro de las casas cuando los medios no llegan, y lo hizo: durante todo el metraje la cámara sostiene la mirada sobre una persona a la que el sistema ha declarado invisible y el director se niega a apartar los ojos. Había ciento cincuenta y cuatro mil desahucios judiciales en España entre 2013 y 2015. Rocío no es una estadística. Es una persona, que es lo que la estadística permite olvidar.

En los márgenes (2022), debut de Juan Diego Botto como director, lleva el problema a su dimensión colectiva y lo organiza como un thriller social. Penélope Cruz y Luis Tosar encabezan un reparto que atraviesa en tiempo real un día de desahucios, resistencia y burocracia, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como arquitectura invisible que sostiene a las personas que no tienen a nadie más. La película recibió cinco nominaciones a los Goya y se estrenó en el Festival de Venecia, lo que significa que el cine de denuncia sobre la vivienda en España llegó a competir en los mismos espacios donde se discute el cine europeo de autor. Que llegara ahí no resolvió nada, pero lo nombró donde puede ser escuchado.

Daniel Guzmán, en La deuda (2025), hace algo más pequeño y más preciso: imagina a alguien que roba un desfibrilador de un hospital para pagar una deuda y evitar un desahucio, y cuenta esa historia con una actriz de noventa y dos años que nunca antes había actuado, Rosario García, en el papel central. El director dijo que la película nació de acompañar a su abuela a citas médicas y pensar en lo que hace la desesperación con las personas. Lo que hace, según la película, es convertir en delincuente a quien no lo es, que es exactamente lo que el sistema llama justicia.

Olivia y el terremoto invisible (2025), de Irene Iborra, hace lo mismo que todas las anteriores pero desde la única perspectiva que todavía no se había usado: la de una niña. Olivia, su hermano Tim y su madre Ingrid son desahuciados y tienen que empezar en otro barrio. Para que Tim no tenga miedo, Olivia le convence de que están rodando una película. La animación en stop-motion convierte la precariedad en material narrativo para la infancia porque la infancia también vive en pisos que no son suyos, también se despierta en espacios que no reconoce, también necesita que alguien le diga qué es esto y cómo se sobrevive. La solución que encuentra Olivia —convertir la realidad en ficción para poder soportarla— es lo que el cine ha estado haciendo con este tema durante setenta años. La diferencia es que en 1957 la censura franquista cortaba el final. En 2025, el Congreso de los Diputados deroga el decreto. El mecanismo es distinto. El resultado, de momento, es el mismo.