Varapalo de la Unión Europea a la preservación del videojuego: fracasa el ‘Stop Killing Games’
El masivo movimiento ciudadano que pretendía blindar por ley el acceso a los videojuegos que compramos ha sufrido un frenazo institucional definitivo en Bruselas. La Comisión Europea ha emitido su respuesta formal ante la iniciativa popular Stop Killing Games, una propuesta que nació como reacción al polémico apagón de los servidores de The Crew por parte de Ubisoft y que había logrado recabar más de 1,4 millones de firmas y el respaldo de dos millones de usuarios. Para decepción de la comunidad, el órgano ejecutivo de la Unión Europea ha dictaminado que no puede proponer una obligación legal para que las empresas mantengan sus productos en un estado jugable una vez que dejen de comercializarse de forma oficial. La justificación de Bruselas se ampara estrictamente en la defensa de la propiedad intelectual, argumentando que la ley de derechos de autor europea concede a los titulares el control exclusivo sobre el uso visual y tecnológico de sus creaciones, impidiendo forzar la liberación de parches o arquitecturas internas.
A pesar del carpetazo legal, la presión social ha surtido el efecto suficiente como para forzar a la Comisión a reconocer que el sector sufre un problema crónico de desprotección del consumidor. Para paliar el malestar, las autoridades europeas han anunciado la apertura inmediata de un diálogo formal con los principales publicadores y desarrolladores de la industria para redactar un «código de conducta» unificado de cara a la gestión del fin de la vida útil de los títulos. Por su parte, el equipo organizador detrás de Stop Killing Games ha declarado que este revés ya entraba dentro de sus previsiones y que su estrategia jurídica continúa en pie: su próximo paso será impulsar una enmienda directa ante el Parlamento Europeo con el firme objetivo de introducir estas medidas de protección dentro de la futura Ley de Equidad Digital.
La postura de la Comisión Europea peca de un conservadurismo alarmante que se niega a entender que el videojuego ya no es un mero software de oficina, sino un bien cultural que merece ser preservado contra la obsolescencia programada de los grandes estudios. Tratar de solucionar un problema sistémico de desamparo al comprador mediante un «código de conducta» voluntario es, en la práctica, pedir amablemente a las corporaciones que dejen de mirar sus márgenes de beneficio a corto plazo. Lo único verdaderamente rescatable de este amargo proceso es que la agitación social ya está cambiando la industria por la vía de los hechos; el miedo al boicot y al daño reputacional ha obligado a la propia Ubisoft a recular e introducir un parche con modo offline en The Crew 2. La vía política en Europa se ha cerrado momentáneamente, pero el debate sobre si somos dueños de lo que pagamos digitalmente ya es un fuego imposible de apagar.
